La denuncia penal que presentó este jueves la Defensora del Pueblo es contra el arzobispado de Santa Cruz, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Yapacaní y la Maternidad Percy Boland, involucradas en la interrupción del aborto que se iba a practicar a una niña de 11 años, que resultó embarazada a causa de una violación.
“Se ha presentado una demanda penal contra las tres instituciones por los delitos de incumplimiento de deberes, trata de personas y desobediencia a resoluciones constitucionales y trata de personas con fines de embarazo forzado, con fines de guarda o adopción. Con esto se busca que no queden impune los hechos de tortura que sufrió la menor”, explicó el director nacional de la oficina defensorial, Mauricio Soto, según un reporte de Erbol.
El miércoles, la defensora del pueblo, Nadia Cruz, señaló que se está solicitando la aplicación de una sanción de privación de libertad de 15 y 20 años contra las personas que resultasen involucradas, considerando que la víctima es una niña de 11 años.
El delegado defensorial de Santa Cruz, Carlos Lara, calificó como una “tortura” que se haya negado la interrupción del embarazo a la menor de edad que fue vejada por el padre de su padrastro.
“Hubo presión sobre la niña por parte de instituciones a las que hacemos llegar esta denuncia, para que cambien (los familiares de la menor) de opinión al primer consentimiento que se ha dado para que se realice. Suspender el tratamiento que ya estaba en curso para una niña generará secuelas, además tenemos la figura de tortura, es una menor de 11 años y el proceso de embarazo se considera una tortura”, indicó Lara.
Señaló que ya se presentó una acción de libertad contra de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Yapacaní.
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