Por: Andrés Gómez Vela, periodista.
Franz Barrios Suvelza me mandó el jueves 18 de marzo su artículo titulado: “El golpe que no fue. La última crisis estatal boliviana y los límites del concepto golpe de Estado”. Excelente texto por su fundamentación teórica; y de urgente lectura por estos días para desmontar la posverdad golpe de Estado.
Para analizar los hechos de octubre y noviembre de 2019, Barrios parte de tres variables: perpetradores, objetivo y táctica. A esa estructura trifásica agrega una: el orden legal parcial, entendido como el conjunto de reglas constitucionales que regulan el acceso de un gobierno a la administración del Estado y de su culminación en virtud a un límite de tiempo previamente acordado.
Entonces, un golpe de Estado llega ser el acceso o toma ilegal del mando. Pero una cosa es la ilegalidad y otra: la anormalidad. Es ilegal la toma de poder si no es resultado del voto y es ilegal ejercer ese poder violando los límites constitucionales, pero no es ilegal la renuncia de un presidente antes del fin de su periodo porque esa posibilidad está fijada en la Constitución. Sí, es anormal porque un presidente no renuncia cada año.
Por tanto, un golpe se produce cuando un grupo o persona toma el poder sin respetar los procedimientos constitucionales, pero no cuando un presidente viola esos procedimientos y dimite a causa de esa ilegalidad.
Barrios lanza, en este contexto, la pregunta que guiará su texto a la respuesta final: ¿qué sentido tiene llamar golpe a una remoción que además de ser probablemente legal no encontró un orden legal parcial que quebrar debido a que este pudo haber sido quebrado antes que la remoción tuviera lugar?
“En tal caso, se sugiere emplear el concepto de reencauzamiento de Estado en lugar del de golpe de Estado”, escribe.
Voy a aplicar la estructura trifásica para ampliar la conclusión del autor del artículo “El golpe que no fue”.
Actores.- ¿Quiénes protagonizaron la rebelión popular en 2019? Miles de ciudadanos que otorgaron poder al gobernante Evo Morales en las urnas y decidieron retirarle su confianza en las calles porque aquel no respetó las urnas (referendo de 2016). Vale decir: el mismísimo poder constituyente determinó quitar su consentimiento al poder constituido.
En Bolivia o en cualquier país democrático, la rebelión ciudadana es un imperativo moral, además de legal, cuando el gobernante desconoce la voluntad popular y los límites de la Constitución a su poder. Más aún si aquel rompió el orden legal acordado previamente entre la sociedad política y la sociedad civil.
Dicho de otro modo, cuando un grupo derroca a un Presidente democrático, es golpe de Estado; pero cuando un pueblo echa a un gobernante que lo desobedeció (tirano), es liberación.
Objetivo.- ¿Cuál fue el objetivo de la rebelión popular de 2019? Sin ninguna duda, el objetivo de las masas movilizadas fue el rescate de su sistema de vida, la democracia, para evitar que el gobernante inconstitucional termine de cambiar el orden legal parcial e imponga uno nuevo: la autocracia.
En suma, la rebelión popular de 2019 no tuvo como objetivo el cambio del orden legal, sino reponer el acordado desde 1982. Por ello, obligó a la Asamblea Legislativa concertar la nominación de nuevos vocales electorales y la convocatoria a elecciones libres.
Tácticas.- ¿Qué tácticas usaron los ciudadanos que decidieron reponer el orden legal? Las libertades y derechos establecidos en la misma Constitución. A saber: la libertad de expresión, el derecho a la petición y el deber de rebelión contra toda forma de tiranía o dictadura porque la soberanía reside en el pueblo boliviano y porque la República de Bolivia adoptó para su gobierno la forma democrática.
Todas las vías usadas fueron constitucionales, desde las protestas callejeras hasta el cabildo, institución de la democracia directa. En cambio, el presidente removido procedió ilegalmente desde 2014. Su último acto antidemocrático fue cuando usó el poder del Estado para hacer fraude en las elecciones de octubre de 2019.
“Evo Morales no solo fue el damnificado de una suspensión irregular de su mandato, sino que él mismo fue propulsor del quiebre del orden legal parcial. El solo hecho de su separación del cargo contenía la potencialidad de detener la erosión del orden legal”, afirma Franz Barrios Suvelza.
En resumen, los bolivianos estábamos obligados moral y legalmente a echar al tirano para preservar la democracia.
Comparto contigo el enlace del texto de Barrios: https://n9.cl/sm53e. Abrazo.
Andrés Gómez Vela es periodista.
Fuente: Pagina siete
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