La Gobernación evalúa daños y activa un plan de asistencia. Casi 4 millones de hectáreas fueron arrasadas por las llamas. Tras más de dos meses sin sosiego, finalmente las lluvias fueron las principales aliadas para conseguir el control de los incendios forestales en el departamento cruceño y desde ayer las tareas se concentran en el monitoreo de siete lugares, donde los satélites detectaron indicios de focos de calor, es decir, que posiblemente haya brasas que deben ser apagadas para la liquidación total del fuego.
Según datos preliminares de la Gobernación, el desastre ambiental por los incendios y la sequía ha dejado más de 10.000 familias afectadas en 16 municipios y cerca de 4 millones de hectáreas de bosques y pastizales arrasadas por el fuego.
El director del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), Enrique Bruno, informó de que, ahora que los incendios están controlados, una comitiva del Gobierno departamental tiene previsto realizar visitas ‘in situ’ a los municipios afectados para hacer una actualización de los daños, a fin de atender de forma inmediata las necesidades que tienen que ver con la escasez de agua y de alimentos, problemas de salud y daños a pequeños agricultores.
“Cada lugar tiene un problema distinto, por eso es importante analizar prioridades conjuntamente con los alcaldes para ir atendiendo las necesidades. Durante el desastre se los ha venido atendiendo (a los municipios), pero de aquí en adelante estamos en otra etapa y, por eso, tenemos que, nuevamente, sentarnos a trabajar juntos”, dijo Bruno.
La autoridad explicó que estas acciones se realizan dentro del plan de recuperación de las áreas afectadas que encara la Gobernación, que también contempla una evaluación de los daños de los ecosistemas, tarea que está a cargo del Comité de Defensa del Bosque, a la cabeza de la Secretaría de Medio Ambiente.
Bruno pidió al Gobierno nacional trabajar juntos en el plan de asistencia de los municipios afectados para evitar la duplicación de esfuerzos y llegar con mayor prontitud a las familias damnificadas y afectadas. “Debe haber un plan unificado de reconstrucción. De la misma manera que desarrollamos un plan de contingencia conjunto tenemos que activar un plan de restauración unificado, tomando en cuenta que el Gobierno ha recibido un crédito de Bs 1.400 millones para atender los efectos de los incendios”, refirió Bruno.
Superficie afectada
Según el Sistema de Alerta Temprana Contra Incendios Forestales (Satif), desde el 1 de marzo hasta el 1 de octubre, el fuego arrasó 3.929.347 hectáreas de bosque y pastizales en 25 municipios. Los más dañados son Antonio de Lomerío, que perdió un 25% de su superficie; San Matías, 34,73%; San Rafael, 21,68%; Puerto Suárez, 20, 62%; y Roboré, 16%.
Del total de superficie dañada, un 42%, equivalente a 1.664.708 hectáreas, son en áreas protegidas, entre estas: el Parque Nacional Otuquis, el área protegida nacional San Matías, el área de conservación Ñembi Guasu, el área protegida Laguna Marfil, el refugio de vida silvestre Ríos Blanco y Negro, Laguna Concepción, los Humedades del Norte y el área protegida municipal Muela del Diablo.- (eldeber)
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