La policía se excedió y varios ciudadanos que protestan contra la vigencia de la Ley 1386 así lo han sentido. También hay periodistas lesionados por esas acciones violentas y una persona perdió la vida en el contexto de las movilizaciones y el paro multisectorial, declarado el 8 de noviembre.
El clima de tensión, marcado por denuncias sobre excesos policiales, ha vuelto a encender las alertas de organismos internacionales vinculados con la protección y los derechos humanos. La Human Right Watch (HRW) expresó con preocupación los actos violentos que se vieron especialmente en Potosí, Santa Cruz de la Sierra, Tarija y Cochabamba. El director de esta organización, José Miguel Vivanco, exteriorizó su rechazo a “las agresiones de policías a periodistas .
“Es imperativo que las autoridades investiguen la muerte de una persona y los múltiples casos de lesiones”, señaló Vivanco, poco antes de exhortar al presidente Luis Arce a protagonizar un escenario de diálogo con los sectores en conflicto y le pidió “asegurar el derecho a la protesta pacífica, sin importar la posición política y garantizar el trabajo de la prensa”.
Los gremiales y una buena parte de los transportistas y dirigentes vecinales demandan al Gobierno la anulación de la también llamada “ley madre”, esto debido a que este cuerpo legal de siete artículos incluye un anexo que proyecta una política pública para detectar el lavado de activos, pero además señala a la “informalidad” como un factor de riesgo de ese delito.
Otro aspecto que genera rechazo es el artículo siete de la ley que habilita la posibilidad de hacer ajustes “por decreto” en la estrategia que proyecta mayores facultades para la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
Observaciones similares provocaron que el Gobierno retire el proyecto 218 que hacía mayores precisiones sobre la lucha contra la legitimación de dinero ilícito, pero sin afectar la Ley 1386 que fue promulgada en agosto pasado.
Ante este escenario, se convocó a un paro multisectorial con movilizaciones de protesta que comenzaron el 8 de noviembre. La Policía tuvo los dos primeros días una activa participación en el levantamiento de los bloqueos que se instalaron, especialmente en Santa Cruz, pero con un el “uso desmedido de la fuerza”, de acuerdo con una decena de videos que circularon en las redes sociales y revelaron acciones violentas contra la población civil.
La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, reveló que se investigan al menos 13 casos de abuso policial en todo el territorio nacional. Entre los que más llamó la atención fue la agresión a una persona con discapacidad que estaba acompañando un punto de bloqueo en la avenida Santos Dumont, además de la denuncia contra grupos de encapuchados que actuaron en el “desbloqueo” pero en vehículos que estaban bajo custodia del Estado. El caso fue rechazado por la Fiscalía y no será investigado.
La organización internacional Amnistía Internacional le recordó a la Policía que el uso de la fuerza debe ser necesario, legal y proporcional. Agregó que los estándares internacionales prohíben disparar gases directamente a las personas y que deben asegurar la seguridad de los periodistas.
En tanto que la misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos en Bolivia, puso de manifiesto su preocupación por la creciente violencia generada en el marco de la protesta social y realizó un llamado a la calma y “el respeto a los derechos a la libre circulación, reunión pacífica y asociación”, y que las autoridades deben procurar el diálogo entre todos los actores y restringir el uso de la fuerza a lo estrictamente necesario, protegiendo la labor de los periodistas y medios de comunicación.
Desde la relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se emitió un reporte que insta a las “autoridades a adoptar medidas para prevenir actos de violencia contra la prensa y garantizar el derecho a la libre expresión”. Este llamado de atención se centró en las agresiones que sufrieron periodistas de Oruro y Potosí, precisamente, en manos de las fuerzas del orden.
Durante los conflictos sociales por el paro nacional, cinco comandantes departamentales fueron removidos de sus cargos y se espera que los otros cuatro jefes restantes también sean cambiados, por orden del alto mando.
“Genera molestia en el Gobierno cuando de pronto existe un uso desmedido de la fuerza por encima de las órdenes que se han establecido. Tiene que haber una utilización racional de la fuerza. No se puede violentar a la gente con golpes y con situaciones que la pueda afectar”, dijo el portavoz presidencial, Jorge Richter.
Las acciones policiales bajaron en intensidad de sus operativos desde el miércoles. El inspector general de la Policía, el recién ascendido Álvaro Álvarez, anunció que los uniformados continuarán con los operativos de desbloqueo de calles, pero expresó el deseo de que el conflicto sea resuelto con diálogo.
FUENTE:ELDEBER
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