La crisis económica y persecución política preocupan a los bolivianos

La Fundación Friedrich Ebert Stiftung realizó consultas a diversos personajes y una mayoría coincide en que se debe priorizar la reactivación económica y la salud. Los políticos están alejados del ciudadano

Bolivia enfoca su preocupación en la crisis económica con aumento de la pobreza extrema, la persecución política y autoritarismo, según el proyecto de análisis prospectivo y diálogo desarrollado por la Fundación Friedrich Ebert Stiftung Bolivia. El trabajo se realizó en base a una encuesta que, entre varios aspectos, también refleja una desconfianza en la gestión presidencial y augura mejorar en “algo” la situación política y económica del país.

En la encuesta, un 51,8% de las personas consultadas opinó que la situación general del país va por “mal camino”; un 36,8% dice que está por “buen camino” y un 11,4% no lo sabe. Sobre la situación política del país, un 45,6% cree que está regular, un 27,2% se inclinó por mala, un 19,3% dice que está buena, un 5,3% muy mala y muy buena el 2,6%. Sobre la situación económica nacional, el 43,9% considera que está mala, el 35,1% dice que está regular, un 11,4% que está buena y un 8,8% afirma que está muy mala.

La encuesta tiene como universo un grupo selecto y plural de actores políticos, analistas, periodistas y especialistas en distintos ámbitos. Hubo 114 entrevistados del 8 al 24 de mayo de este año y las consultas fueron vía virtual.

Uno de los resultados más abultados fue sobre la consulta de la preocupación actual. Un 71,9% dijo que le preocupa la “crisis económica con aumento de la pobreza extrema”; a un 33,3% le inquieta el “autoritarismo y la persecución política”; al 32,5% el “riesgo de contagio de coronavirus”; a un 21,1% la “crisis de la justicia”; al 18,4% la “polarización política”; a un 11,4% el “colapso del sistema de salud”; al 3,5% “hechos de violencia y enfrentamientos” y al 1,8% otras preocupaciones.

Al respecto, el jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Senado, Luis Adolfo Flores, consideró que la preocupación del país y sobre todo de las autoridades políticas se debe centrar en la reforma del sistema de salud y también de la justicia.

“Deben intervenirse todas las cajas de salud, muchas están en déficit, no están preparadas para la pandemia. La Caja Nacional de Salud (CNS) tiene recursos económicos, pero tampoco está preparada. Estoy convencido de que los asegurados quieren una consulta transparente, ya no quieren asegurarse en una caja como la que existe ahora. Esa es mi preocupación ahora, lo político puede venir después”, remarcó Flores.

about:blank Mientras, el viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, consideró que el manejo de la pandemia se realiza de manera óptima y la estrategia más importante es la adquisición de vacunas contra el Covid-19. La autoridad recalcó que existe un trabajo coordinado con los gobiernos subnacionales.

“Se está demostrando que la aplicación de la vacuna es la mejor forma de enfrentar la pandemia. Estamos en un proceso de desescalada de contagios, pero no debemos bajar la guardia. Para mí, el aspecto de la salud es lo que más preocupa al Gobierno y por eso se está actuando de manera efectiva”, aseguró Terrazas.

Proceso de vacunación

Sobre una escala del uno al siete en la encuesta un 3,4 cree que el proceso de vacunación está por un camino regular y una mayoría consideró que el temor al virus descendió en un último tiempo.

El diputado Alejandro Reyes, de filas de Comunidad Ciudadana (CC), consideró que el Gobierno prioriza la labor política y la “persecución” contra opositores con el denominado caso “golpe de Estado”. El legislador cuestionó que el sistema judicial responda al partido de Gobierno.

“Obviamente la gente está preocupada por la salud, por salir sanos de esta pandemia, por recuperar su economía, pero el Gobierno camina por otro lado. Están más enfocados en la persecución política contra los políticos que denunciaron el fraude electoral de 2019, entonces, con la justicia hace esa persecución. Bolivia vive otro tipo de autoritarismo mientras el sistema de salud sigue por los suelos”, criticó el diputado Reyes.

Sobre la conflictividad en el país, el 42,0% se encuentra “bastante preocupado”; el 30,4% “algo preocupado”; el 20,5% “muy preocupado” y el 7,1% “nada preocupado”. Respecto a la polarización que existe en el país, el 62,5% consideró que el país está polarizado, pero que puede resolver sus asuntos de manera pacífica; el 25,0% cree que hay una “fuerte polarización” y que una ola de conflictos es “inevitable” y un 7,1% dice que no existe polarización en Bolivia.

Al respecto, el analista Paul Antonio Coca consideró que la raíz de la polarización y la conflictividad es la crisis del sistema judicial. El experto dijo que la justicia está sometida al poder de turno y no existen procesos limpios, por lo que eso genera un enfrentamiento en el aparato político.

“Si la justicia estaría enmarcada en el debido proceso y la imparcialidad, la vida política del país estaría enmarcada en lo que es su trabajo, un trabajo por el bien del país sobre todo ahora en tiempos de pandemia. La justicia está en una crisis profunda y lo peor es que se somete a los gobiernos de turno, lo hizo con gobiernos de derecha, de izquierda, de centro. La crisis de justicia provoca que la política esté polarizada y haya una persecución política a personas que no piensan igual que los poderosos políticos”, dijo Coca.

Mientras, el constitucionalista y exmagistrado José Antonio Rivera afirmó que la crisis judicial se arrastra desde hace décadas, pero que desde que el MAS llegó a Palacio Quemado se fue profundizando, llevándola hasta un estado casi terminal.

“En los últimos 14 años esta crisis ha llegado casi a una fase terminal. Se ha agudizado y la independencia judicial definitivamente ha llegado a ser afectada en límites extremos por una alta injerencia del poder político y también del poder económico”, resaltó el abogado Rivera. Las consecuencias

El proyecto consulta que, si se asume que hay polarización política en el país, cuál sería la principal causa. El 58,04% consideró que, por un enfrentamiento político-ideológico, un 37,50% por el racismo y discriminación, un 32,14% por disputas regionales y regionalismo, un 23,21% otros motivos y un 9,82% por diferencias de clase.

En otra pregunta, se consulta cuáles serían los riesgos si perdura la polarización. Un 52,7% consideró que habría imposibilidad de acuerdos entre oficialismo y oposición, un 45,5% conflictos a nivel regional; un 42,9% convulsión social y represión estatal; un 17,9% enfrentamientos violentos y un 4,5% otras consecuencias. Una de las críticas a la gestión presidencial es que un 38% califica de pésimo su trabajo en la posibilidad de un reencuentro tras los conflictos de 2019. Otro 27% también cree pésimo el trabajo en la educación virtual debido a la pandemia. Solo un 1% cree que es excelente el trabajo presidencial en la reactivación económica tras el manejo del Covid-19.

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